La muerte del teniente coronel retirado Carlos Alberto Barbot, principal responsable del asesinato de Mario Abel Amaya y de los tormentos y trato cruel e inhumano en mi perjuicio en la Unidad Penitenciaria 6 de la ciudad de Rawson, ha provocado la impunidad de esos delitos. La frustrada audiencia oral y pública debía desarrollarse en 2011 pero no solo no se hizo sino que en el anuncio de las audiencias que tendrán lugar en 2012, realizado hace pocos días, esta causa no figuró. La investigación fue iniciada, al igual que otros casos de derechos humanos por el prestigioso Juez Federal de Rawson, Beltrán Adolfo Mulhall y seguida hasta su conclusión por el juez Sastre. El juicio oral debía estar a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Este ha sido uno de los casos marginados por una justicia selectiva, de los cuales el más conocido es la causa de la Triple A, organización terrorista para estatal que actuó desde el 21 de noviembre de 1973, en un intento de asesinato contra mi persona cuando era senador nacional de Chubut, hasta el golpe de Estado de 1976 y que descansa en paz en el juzgado de Oyarbide.

Barbot, o Barbotta, como era su apellido originario, estuvo al frente del área represiva 536, que comprendía la zona norte del Chubut y centralizaba el comando de las fuerzas armadas y de seguridad, como así también del Servicio Penitenciario de Rawson, donde ocurrieron los delitos de esta causa.

Muchos otros actos de persecución ideológica irracional, cometidos en 1976 en esta área también quedarán impunes. El secuestro y la desaparición del maestro Bell, el asesinato de Jorge Valemberg, las torturas y tratos inhumanos en la cárcel de Rawson, un verdadero campo de concentración, el crimen de una parejita de niños enamorados a los que ultimó, alegando que querían escapar a uno de los espantosos controles que él llevaba a cabo con su permanente abuso de autoridad, son algunos de los ejemplos que me vienen a la memoria de las responsabilidades de Barbot. Que se sepa, esta persona jamás tuvo el más mínimo arrepentimiento de sus actos atroces, pero tampoco tuvo la valentía de asumirlos ante la justicia.

Hipólito Solari Yrigoyen

Presidente de Nuevos Derechos del Hombre

Nuevos Derechos del Hombre denuncia y condena los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En fecha reciente asesinaron a cuatro de sus prisioneros, como represalia por la evasión de otros cautivos, a los que mantienen encadenados y los obligan a circular de esa manera inhumana por la selva. Las víctimas, dos policías y dos militares, hacía más de una década que se encontraban en poder de sus captores.

Los conflictos armados se rigen por los Convenios de Ginebra de 1949, particularmente por el tercero que legisla sobre el trato a los prisioneros de guerra. En tal sentido se prohíben los actos u omisiones que causen la muerte o pongan en peligro la salud de los prisioneros. El Segundo Protocolo Adicional, aprobado el 8 de junio de 1977, se aplica en los conflictos entre las fuerzas armadas de un gobierno y disidentes internos, cuando estos controlan una parte de su territorio, como es el caso de las FARC. También se aplica en estos casos la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que aprobó la Asamblea General en 1968 y que entró en vigencia dos años más tarde.

Una vez más las FARC, con estos cuatro asesinatos de sus cautivos han violado los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. NDH recuerda que estos crímenes son imprescriptibles y anhela que llegue el momento en que sus autores puedan ser juzgados y condenados.

Nuevos Derechos del Hombre felicita a John Kitzhaber, gobernador del Estado de Oregón, Estados Unidos, quien, por principios morales, ha impuesto una moratoria sobre las ejecuciones durante el resto de su actual mandato que comenzó en enero de 2011 y concluye en enero de 2015. “La pena de muerte no es ni buena ni justa”, declaró al tomar la importante decisión.

Kitzhaber ha pedido a la asamblea legislativa del estado de Oregón que “plantee posibles reformas antes de la sesión legislativa de 2013”, y ha añadido que está “convencido de que podemos encontrar una solución mejor” a la delincuencia violenta, que sirva para fomentar la seguridad pública y ayude a las víctimas y sus familiares. NDH insta a la Asamblea Legislativa de Oregón a que transforme la moratoria temporal en una abolición definitiva de la pena de muerte en ese Estado.

El gobernador John Kitzhaber, concedió el indulto pedido por Gary Haugen, un homicida condenado a muerte cuya ejecución estaba prevista para el 6 de diciembre. Haugen había sido condenado en 2007, junto con Jason Van Brumwell, por el asesinato en 2003 de otro recluso, en el centro penitenciario de Oregón. Un especialista en neuropsicología había diagnosticado que Haugen padecía un “trastorno delirante que lo inhabilitaba para ser ejecutado”.

Nuevos Derechos del Hombre expresa su seria preocupación ante la posibilidad de que si se celebra un acuerdo entre las autoridades actuales de Afganistán y el sector talibán, las mujeres afganas pierdan los derechos adquiridos desde que el régimen de los talibanes fue derrocado por la intervención militar de 2001.Desde entonces se han reconocido ciertos derechos a millones de mujeres y niñas afganas. Dos millones y medio de niñas pudieron inscribirse en las escuelas, las mujeres pueden ahora también trabajar fuera del hogar y la Constitución garantiza la igualdad en la situación jurídica de hombres y mujeres. Estos adelantos, con todo, están lejos todavía de cumplir con la igualdad de los sexos que proclama la Constitución.

Los integristas talibanes cuentan con un atroz historial de abusos de los derechos humanos tanto cuando gobernaron Afganistán, como en las zonas del país que dominan en la actualidad donde han desconocido los derechos de las mujeres y niñas, negándoles el acceso a la educación y al trabajo fuera del hogar, la libertad de movimientos y la participación política. NDH teme también que bajo el pretexto de una reconciliación se establezca la impunidad para los delitos por violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra.

NDH ha escrito al presidente Hamid Karzai trasmitiéndole las inquietudes precedentes, ya que habrá una reunión en Bonn, Alemania el 5 de diciembre en donde podrían abordarse estos temas.

El 21 de noviembre es el cumpleaños de la Triple A y también lo es de la impunidad de que ha gozado siempre esta organización terrorista que llevó a cabo en la Argentina centenares de crímenes de lesa humanidad. Fui su primera víctima cuando puse mi coche en marcha en esa fecha y explotó un terrible artefacto explosivo que me dejó mal herido y al borde la muerte. El día antes yo había recibido una enigmática advertencia con la firma de la Triple A o Alianza Comunista Argentina. No es la ocasión de referirme ni a ese ni a otro atentado con dos bombas que sufrí en mi domicilio de la ciudad de Puerto Madryn año y medio después. Lo que deseo destacar es que desde aquella fecha inicial de 1973 hasta hoy todos los autores, cómplices y encubridores han gozado de la más absoluta impunidad. La causa tramita desde hace unos años en el juzgado federal del doctor Oyarbide.

Según lo han relatado algunos investigadores, la organización habría empezado a ejecutar atentados y crímenes con anterioridad pero el primero que asumió con firma es el que yo sufrí. Por los anexos del informe Nunca Más del 30 aniversario del golpe, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, las desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 fueron unas 600 y las ejecuciones sumarias, unas 500. Otras fuentes dan cifras más elevadas.

El jefe y organizador de la entidad terrorista fue el ministro de Seguridad Social, de los cuatro presidentes justicialista que gobernaron desde 1973 hasta el golpe de 1976, José López Rega, secundado con tres altos jefes policiales, asignados a la custodia del general Juan Domingo Perón, pero la banda que rodeó a aquel sujeto contó con la colaboración de servicios de informaciones, empezando por el de la Policía Federal, y de cientos de personas distribuidos por todo el país. Los archivos de inteligencia de esta fuerza de seguridad continúan siendo secretos. Cabe preguntarse ¿porqué después de tanto años no se puede conocer quiénes integraron ese servicio y trabajaron para la organización terrorista? Otra pregunta que queda flotando en el aire es ¿porqué la ex presidenta María Estela Martínez de Perón no ha querido declarar en esta causa, cuando ella por su estrecha relación con López Rega, y por el cargo que ocupaba no podía dejar de tener mucha información sobre la entidad delictiva?

¿Conocía el presidente Perón la existencia de esta organización que dirigía su ministro y secretario privado? Hay quienes lo afirman y quienes lo niegan. Quienes lo afirman se basan en que Perón le habría dicho al gobernador Oscar Bidegain que era necesario crear en la Argentina una organización paramilitar al estilo del “somatén” una organización catalana que actuó al comienzo del siglo XX.

Destaco este triste aniversario de 38 años de impunidad para reclamar que la justicia debe llegar también a esta causa para que se conozca quienes fueron responsables de tantas muertes, sufrimientos, amenazas, secuestros y exilios.

Hipólito Solari Yrigoyen

Presidente de Nuevos Derechos del Hombre