
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2010, en Nueva York.
GINEBRA (por Juan Gasparini, corresponsal de NDH).- A menos de tres años de la ofensiva final contra la minoría Tamil, el Consejo de Derechos humanos de la ONU ha resuelto reabrir el caso del genocidio de Sri Lanka (ex Ceilán) consumado por el gobierno nacionalista de Mahinda Rajapakse.
La rebelión para proclamar un Estado independiente en el Norte del país de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos, fue reprimida por el aparato oficia y al cabo de 26 años de conflicto, dejó un saldo de 146.679 desaparecidos, 150 mil civiles asesinados, incontables mujeres violadas, numerosos niños reclutados por la fuerza; once mil presos, una cuantiosa población desplazada y numerosos refugiados.
Cuba y Ecuador votaron en contra de la iniciativa, pero los seis países latinoamericanos restantes lo hicieron a favor: México, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Perú y Chile. NDH celebra y apoya la investigación propuesta para que cese la impunidad que ha primado hasta el momento.
Compuesto por 47 Estados que se van rotando anualmente según una distribución por grupos regionales, resultado de la elección secreta por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU constituye la máxima autoridad mundial en la materia. El rescate del olvido de Sri Lanka era un imperativo para restaurar una impecable hoja de ruta jalonada por las reveladoras investigaciones y condenas por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos individuales y las libertades públicas en Sudán, Palestina, Costa de Marfil, Libia y Siria.
Por 29 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, en 2009 Sri Lanka salió airosa gracias a una alianza de países africanos, asiáticos y del Este europeo, más algunos árabes y latinoamericanos, liderados por Cuba, al frente del Movimiento de Países no Alineados. El gobierno de los hermanos Rajapakse dio la palabra de promover y proteger los derechos humanos y aceptar una asistencia técnica de la ONU, fingiendo una reconciliación nacional. Consolidó una limpieza étnica, dejó de lado las promesas y simuló una aparente cooperación con Naciones Unidas. Quizá para mejorar las apariencias nombró embajadora en Ginebra a Tamara Kunanayakam, una Tamil que se pasó de bando y abandonó la vinculación con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) criticas al poder, quien previamente había trabajado en la secretaría del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos le encargó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que le informe sobre la evolución de la situación, una tarea que se anuncia ardua por las acusaciones de parcialidad de Sri Lanka contra Pillay, a raíz del origen Tamil de su familia antes de emigrar de la India a África del Sur, donde ella naciera en 1941.
Juan Gasparini